Buruca García, Juan AntonioSánchez Romero, Fátima del Carmensr19027@ues.edu.sv2025-11-132025-11-132025-10https://hdl.handle.net/20.500.14492/32470Resumen. La presente investigación examina la dación en pago como modo de adquirir el dominio en el contexto de la ejecución forzosa en El Salvador, partiendo de su origen histórico, su desarrollo doctrinal y su aplicación en la legislación nacional. La figura, conocida en el Derecho romano como datio in solutum, surge como respuesta práctica frente a la imposibilidad de cumplir exactamente lo debido y, con el paso de los siglos, se consolidó como un mecanismo flexible que combina la extinción de la obligación con la transferencia de la propiedad. En términos generales, la dación en pago es el acuerdo mediante el cual el deudor entrega un bien distinto al pactado y el acreedor lo acepta como forma de pago, extinguiendo así la obligación. Este mecanismo se inserta en el núcleo del Derecho privado, pues vincula el derecho de obligaciones al permitir el cumplimiento de la deuda por un medio alternativo con el derecho de propiedad al provocar la transferencia del dominio del bien entregado. Cuando se sitúa en el marco de la ejecución forzosa, la dación en pago adquiere una connotación especial: deja de ser un simple acuerdo privado y pasa a formar parte de un proceso judicial bajo la supervisión de un juez. El análisis histórico muestra que esta institución, aunque nació en Roma, fue incorporada en la tradición jurídica hispánica y posteriormente en las codificaciones modernas de Europa y América Latina. En la doctrina contemporánea se han propuesto distintas explicaciones sobre su naturaleza: para algunos, constituye una forma de novación objetiva; para otros, una especie de compraventa especial; y para una corriente importante, una modalidad de pago que permite cumplir la obligación de manera diversa. Más allá de estas diferencias, lo cierto es que la figura se ha mantenido vigente porque ofrece soluciones prácticas y equitativas frente al incumplimiento. En el caso salvadoreño, la ejecución forzosa es una institución procesal indispensable para garantizar que las sentencias firmes se cumplan efectivamente. Dentro de este procedimiento, la dación en pago aparece como una alternativa a la subasta judicial, permitiendo que el acreedor reciba un bien y se extinga la deuda sin necesidad de un remate público. Para que esta figura tenga validez, se requiere la aceptación del acreedor y, tratándose de sede judicial, la aprobación del juez, lo que asegura transparencia, proporcionalidad y respeto a los derechos de terceros. Desde esta perspectiva, la dación en pago en ejecución forzosa cumple una función doble y complementaria por un lado, garantiza la satisfacción del acreedor al recibir un bien en compensación de su crédito; por otro, protege al deudor al evitar que su patrimonio sea sacrificado más allá de lo necesario y asegurando que, si el valor del bien entregado es mayor que la deuda, reciba el remanente que le corresponde. La intervención judicial, entonces, no es un simple requisito formal, sino la garantía de que el procedimiento se realice con justicia y equilibrio. Un aspecto central del estudio es el papel de la publicidad y la seguridad jurídica. No basta con que el deudor entregue un bien y el acreedor lo acepte; es indispensable que la transferencia del dominio se consolide mediante los actos previstos en la ley. Para bienes muebles, esto se logra mediante la tradición, es decir, la entrega material o simbólica del objeto. Para bienes inmuebles, se requiere la inscripción en el Registro de la Propiedad, lo que da certeza frente a terceros y evita conflictos de titularidad. Este vínculo entre acuerdo, modo de adquisición y publicidad demuestra que la dación en pago no es solo un pacto entre partes, sino una figura que se proyecta hacia todo el orden jurídico. La investigación también subraya la importancia de esta institución como herramienta de carácter social y práctico. Al permitir el cumplimiento de la obligación mediante la entrega de un bien distinto, la dación en pago reduce la conflictividad, acorta los procesos judiciales y fortalece la confianza en el sistema. En lugar de prolongar litigios con subastas o procedimientos complejos, ofrece una solución más rápida y equilibrada, beneficiando tanto al acreedor como al deudor y, al mismo tiempo, contribuyendo a la estabilidad del tráfico jurídico. Abstract. This research examines payment in kind datio in solutum as a mode of acquiring ownership in the context of forced execution in El Salvador, tracing its historical origin, doctrinal development, and application in national legislation. The figure, known in Roman law as datio in solutum, emerged as a practical response to the impossibility of fulfilling exactly what was owed and, over the centuries, became consolidated as a flexible mechanism that combines the extinction of the obligation with the transfer of ownership. In general terms, payment in kind is the agreement by which the debtor delivers a good other than the one initially agreed upon, and the creditor accepts it as payment, thereby extinguishing the obligation. This mechanism lies at the core of private law, as it connects the law of obligations by allowing the fulfillment of the debt through an alternative means with property law by producing the transfer of ownership of the asset delivered. When situated within the framework of forced execution, payment in kind acquires a special connotation: it ceases to be a simple private agreement and becomes part of a judicial process under the supervision of a judge. The historical analysis shows that although this institution was born in Rome, it was incorporated into the Hispanic legal tradition and subsequently into the modern codifications of Europe and Latin America. In contemporary doctrine, different explanations regarding its nature have been proposed: for some, it constitutes a form of objective novation; for others, a type of special sale; and for an important doctrinal current, a payment modality that allows the obligation to be fulfilled in a different manner. Beyond these differences, what is certain is that the figure has remained in force because it offers practical and equitable solutions to cases of noncompliance. In the Salvadoran legal system, forced execution is a procedural institution essential to ensure that final judgments are effectively enforced. Within this procedure, payment in kind appears as an alternative to judicial auction, allowing the creditor to receive an asset and the debt to be extinguished without the need for a public sale. For this figure to be valid, it requires the acceptance of the creditor and, in judicial proceedings, the approval of the judge, which ensures transparency, proportionality, and respect for the rights of third parties. From this perspective, payment in kind within forced execution fulfills a dual and complementary function: on the one hand, it guarantees the satisfaction of the creditor by receiving an asset in compensation for the debt; on the other hand, it protects the debtor by preventing their assets from being sacrificed beyond what is necessary and by ensuring that, if the value of the asset delivered exceeds the debt, the debtor receives the corresponding remainder. Judicial intervention, therefore, is not a mere formality but a guarantee that the procedure is carried out with fairness and balance. A central aspect of the study is the role of publicity and legal certainty. It is not enough for the debtor to deliver an asset and for the creditor to accept it; it is essential that the transfer of ownership be consolidated through the acts provided by law. For movable goods, this is achieved through delivery, whether physical or symbolic. For immovable goods, registration in the Property Registry is required, which provides certainty against third parties and prevents conflicts of ownership. This link between agreement, mode of acquisition, and publicity demonstrates that payment in kind is not only a pact between the parties but a figure that projects into the entire legal order. The research also underscores the importance of this institution as a social and practical tool. By allowing the fulfillment of the obligation through the delivery of a different asset, payment in kind reduces conflict, shortens judicial processes, and strengthens trust in the system. Instead of prolonging disputes with auctions or complex procedures, it offers a faster and more balanced solution, benefiting both creditor and debtor while simultaneously contributing to the stability of legal transactions.esDacion en PagoEjecución ForzosanovacionAdjudicación en PagoTrabajo de grado