Boiola, Jorge EduardoBarrios Cañas, Luz Isabelbc15026@ues.edu.sv2025-10-282025-10-282025-10-28https://hdl.handle.net/20.500.14492/32329La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales”; en contraparte, es deber del Estado respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a la alimentación implícito en el referido artículo, por medio de la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. En el Salvador, muchas han sido las intervenciones orientadas a tal fin; no obstante, pese a las diversas acciones realizadas por el Estado, en la última década la prevalencia de la subalimentación únicamente disminuyó 1,5 puntos porcentuales, pasando de 11% en 2010 a 9,5% en 2019, equivalente a 0,6 millones de personas que carecen de alimentos suficientes para cubrir los nutrientes diarios necesarios para una vida sana y activa. Por lo anterior, puede inferirse que existe una ruptura entre las intenciones de generación de bienestar de las políticas públicas y sus resultados, dicha diferencia permanece en el tiempo debido a que las acciones estatales no han sido sometidas formalmente a evaluación, por lo que no se ha determinado su efectividad en la cobertura del derecho a la alimentación. En ese contexto, la presente investigación ofrece una evaluación de resultados de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015, para determinar su efectividad por medio del análisis del comportamiento histórico de variables asociadas a la disponibilidad, acceso y aprovechamiento de los alimentos antes, durante y después de la aplicación de la política (período 2010-2019), determinando que existe una tendencia al estancamiento de la producción nacional y una dependencia creciente a los bienes importados que hace vulnerable al país ante situaciones de emergencia global, comprometiendo de forma sistémica y estructural la cobertura del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria; asimismo, persiste la desigualdad en el acceso a los alimentos y en las condiciones adecuadas de saneamiento y salud que repercuten en el aprovechamiento de los alimentos consumidos. Además, el análisis se complementa con una evaluación del entorno político, legal, institucional y presupuestario en el que tuvo lugar la implementación de la política, con lo cual se identificó la voluntad política de ese tiempo no se reflejó en las prioridades presupuestarias; además, el avance en el desarrollo de un marco legal e institucional se encontraba en sus inicios, lo cual no fue favorable para potenciar el alcance y la sostenibilidad de la intervención, de tal manera que pueda contribuir a la realización progresiva del derecho a la alimentación. En virtud de lo anterior, se recomiendan acciones estratégicas para superar los desafíos relacionados a cada una de las dimensiones de seguridad alimentaria y nutricional, así como, para atender las causas estructurales del problema, lo cual implica promover el fortalecimiento institucional; avanzar hacia un marco jurídico fuerte, consolidado y relevante; incorporar en el ciclo presupuestario, el enfoque de derechos y orientación a resultados y; construir un sistema de seguimiento y evaluación, a efecto de informar sobre el avance en la cobertura del derecho a la alimentación. PALABRAS CLAVE: Seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria, derecho a la alimentación, disponibilidad, acceso y utilización biológica.esAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalseguridad alimentariaTrabajo de grado