Maestría en Derecho Administrativo y Políticas Públicas

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https://hdl.handle.net/20.500.14492/231

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Browsing Maestría en Derecho Administrativo y Políticas Públicas by Subject "342"

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    El alcance de la potestad autorizatoria en relación con los medicamentos sin registro sanitario.
    (2023-03-01) García Iraheta, Noé Geovanni; Vaquerano Gutiérrez, Nelson Armando
    Merece la pena mencionar que, en el Derecho Administrativo, existen títulos habilitantes, dentro de ellos la autorización administrativa. Hay diversas formas de conceptualizar esta institución, pero todos los autores llegan a un punto en común, que la estima como el aval otorgado por la administración, ante la comprobación de ciertas condiciones establecidas previamente, sirve para ejecutar y desarrollar actividades. Existen diversas clases de autorizaciones, dentro las cuales se encuentran las siguientes: simples, operativas, regladas discrecionales, materiales, personales, entre otras. En ese sentido, esta investigación reside en la comercialización de medicamentos sin la respectiva autorización, lo cual genera consecuencias negativas especialmente para los consumidores, en virtud de ello, comercializar medicamentos sin registro sanitario, se denota que es un acto ilícito, puesto que, previamente debe de existir un sometimiento de parte del administrado, para que la Dirección Nacional de Medicamentos pueda acreditar que dicho medicamento cumple con tres requisitos imprescindibles, que son: seguridad, calidad y eficacia. En consonancia a lo anterior, se busca dar una posible solución para combatir dicha situación, a través de la teoría de las potestades implícitas e inherentes.
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    El control de constitucionalidad de las políticas públicas de salud como mecanismo coadyuvante en la protección de derechos fundamentales
    (2021-09-01) Bonilla Arce, Eva María; Mejía, Henry Alexander
    En un Estado de Derecho todas las acciones del aparato estatal deben estar sometidas a las leyes y principalmente a la Constitución cuyos preceptos no consisten en meras declaraciones de voluntad sino en derechos que tienen que materializarse a favor de las personas. De conformidad con el art. 1 Cn., la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, lo que significa que este se ha constituido por y para el servicio de las personas, por lo que su estructura y quehacer debe estar concebido para garantizar los derechos de sus habitantes, de manera que se procure una vida más digna para los ciudadanos. En orden de alcanzar tan ambicioso objetivo, el Estado debe crear e implementar políticas públicas que le permitan materializar los derechos prestacionales a favor de las personas. Así, las políticas públicas deben estructurarse desde un enfoque de derechos humanos, en el que el Estado se vuelve el primer sujeto obligado y las personas se convierten en sujetos de derechos que pueden exigir la garantía de aquellos. Los órganos Legislativo y el Ejecutivo son los que se encargan de elaborar y ejecutar las políticas públicas. Su legitimación democrática los hace más cercanos a la población y de esta manera pueden conocer sus necesidades reales. Sin embargo, el problema surge cuando existe un debilitamiento en el vínculo de representatividad entre la población y los poderes políticos. Las personas se sienten desoídas y sus problemáticas no logran permear la agenda política para ser atendidas. En ese contexto, cabe plantearse si existen mecanismos legales que permitan materializar los derechos consagrados en la Constitución que sistemáticamente han sido ignorados por los poderes políticos. En otros países se observan ejemplos de cómo las cortes constitucionales han canalizado las quejas y las necesidades de la población respecto a la desatención de una problemática que les aqueja y que genera una afectación en sus derechos. Así, los casos íconos de Brown vs. The Board of Education que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas en Estados Unidos, la tutela T-760 que reformó el sistema de salud en Colombia y el caso Groothman vs. el gobierno de Sudáfrica que incidió en las políticas púbicas de vivienda para un sector de la población que había sido marginado por décadas, demuestran que a través de un proceso constitucional –con una corte interesada y proactiva– es posible modificar o crear políticas públicas en aras de garantizar los derechos de la población. En nuestro país no son muchos los estudios referentes al control de políticas públicas y ninguno se centra en analizar si consiste en un mecanismo eficiente para tutelar el derecho a la salud o si, por el contrario, los mandatos de las sentencias quedan en meras declaraciones que no logran permear las decisiones de los Órganos Políticos y a la propia Administración. En tal sentido, la presente investigación pretende comprobar si el control de constitucionalidad de las políticas públicas de salud que ha ejercido la Sala de lo Constitucional mediante el control concreto del proceso de amparo ha sido un medio idóneo para garantizar derechos fundamentales. Es decir, su objetivo –de manera general– es determinar si el control ejercido por la Sala de lo Constitucional sobre aspectos que atañen a políticas públicas de salud –o la falta de ellas– ha incidido de manera positiva en la protección de tal derecho.
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    La implementación de las tecnologías de la información y comunicación en la actividad administrativa de la
    (2022-06-01) Hernández Blanco, Keni Mauricio; Mejía, Henri Alexander
    El presente estudio versa sobre la implementación de las TICS que la Administración Pública Salvadoreña se dio a la tarea de realizar, su avance obedecía a la agenda digital que propone cada gobierno de turno, y resulta que la aplicación de forma acelerada ante un acontecimiento mundial que obligó a la Administración Pública a mantener el servicio en favor de los ciudadanos, pues no podría quedar paralizado durante la vigencia de la pandemia que afectó a la población mundial, por lo que recurrió a la implementación de las TICS para atender los servicios que se prestan por parte de la administración; de forma improvisada y obviando establecer reglas derivadas del derecho informático. Por lo cual, en este documento se muestra un acercamiento a la implementación de las TICS desde una perspectiva académica recurriendo a la información bibliográfica, siendo que en el capítulo uno se presenta, aspectos históricos y doctrinarios sobre su el surgimiento del Derecho Administrativo y del Procedimiento Administrativo, la posición que ha mantenido el ciudadano frente a la Administración Pública desde su surgimiento hasta la fecha y la dispersión normativa aún vigente, puesto que la norma uniformadora no ha logrado revertir los paradigmas que lo mantienen en vigor. En el capítulo dos, se hace referencia al Derecho Informático como la rama del Derecho que se integra al Derecho Administrativo para generar métodos de formación de Actos Administrativos Electrónicos, y para ello se requiere de normas v y reglas que regulen la tecnología a aplicar, para evitar que durante la interacción de la Administración Pública con el ciudadano este se vea afectado. En el capítulo tres, se establece que el camino o la evolución que tendría el Procedimiento Administrativo tradicional sería el Procedimiento Administrativo Electrónico que se desarrolla con nuevas reglas y se establecen nuevos Derechos, se da una vista a conceptos de ambos procedimientos y de acto administrativos, así como los modos de comunicación. En el capítulo cuatro, se conoce el Procedimiento Administrativo vigente, reglado conforme la Ley de Procedimientos Administrativos, así como el Procedimiento Administrativo Electrónico, se conocen algunas de las reglas vigentes para que los ciudadanos se relacionen con las TICS. Las referencias normativas que se encontraron ya establecían una necesidad de adecuación normativa uniforme, y esta no ha sido referencia para las instituciones que deciden implementar las TICS en aras de brindar un servicio público, tanto es así que se implementan sin reglas previas muchas veces solo con una guía informativa de su uso. Se finaliza con las conclusiones y recomendaciones a raíz de lo investigado y plasmado en este documento.
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    La inactividad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el acceso al servicio público de abastecimiento de agua potable para uso domiciliar en las zonas de cobertura de dicha institución.
    (2021-11-01) Durán Parada, Jessica Marlen; Pineda Argueta, Hugo Dagoberto
    Los servicios públicos son fundamentales en toda sociedad y se vuelven un indicador determinante para la calidad de vida de las personas, por lo que el acceso adecuado que la población tenga de los mismos es esencial para la materialización de los derechos que estos conllevan. El agua en nuestro país, desde una perspectiva de derecho humano intrínseco en la vida misma, es suministrada en los hogares de diversas maneras, constituyendo un recurso vital o esencial en el día a día de las personas, y variado en cuanto a sus usos y aprovechamiento. En esta época de reconocimiento de principios de buen gobierno y buena administración, así como el cambio de paradigmas del funcionamiento de las instituciones y de la Administración Pública, los servicios públicos esenciales no deben quedarse atrás, al contrario, se vuelve necesario analizarlos desde la óptica de la materialización de los derechos fundamentales a través de las actividades prestacionales que brinda la Administración a los ciudadanos. Por tal motivo, se ha realizado el estudio del servicio público de abastecimiento de agua potable, orientado a la configuración de obligaciones de actuar, y su arista cuando se produce el incumplimiento de deberes legales de la Administración Pública por inactividad material, con especial atención a la gestión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados como el mayor proveedor de agua potable en nuestro país desde hace seis décadas y la interrelación entre la inactividad material y la falta de una ley marco que regule de forma integral el recurso hídrico.
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    Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública por daños ocasionados mediante la vulneración del Derecho a la Protección de Datos Personales.
    (2023-08-01) Artiga Márquez, Andrea Dennise; Vaquerano Gutiérrez, Nelson Armando
    En el presente documento se desarrolla la investigación denominada “Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública por Daños Morales ocasionados mediante la vulneración del Derecho a la Protección de Datos Personales” con el que se pretende dar cumplimiento a uno de los requisitos requeridos para obtener la calidad de Maestra en Derecho Administrativo y Políticas Públicas, programa de estudios de posgrado ofertado por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. La presente investigación fue delimitada metodológicamente, incorporando la información obtenida de fuentes del derecho en sentido abstracto, tanto las fuentes sustantivas como doctrinarias, comprendidas en la delimitación espacial de regiones que regulan las instituciones jurídicas que conciernen a la presente investigación, siendo estas instituciones la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, la Protección de Datos Personales y la figura del Daño Moral o inmaterial, centrando su atención en lo concerniente al Derecho salvadoreño, delimitado temporalmente en el plazo comprendido del mes de febrero del año dos mil once al mes de octubre del año dos mil veinte, por ser el momento en la historia con mayor evolución del derecho a la protección de datos personales, en relación al nacimiento de la Ley de Acceso a la Información pública y la regulación del ejercicio a la buena administración por parte de los servidores públicos, enfocado principalmente a su obligación de gestionar correctamente los datos de carácter personal, evitando su vulneración.